El accidente que tuvo lugar en Hungría el pasado lunes nos ha hecho recordar el desastre ecológico que se produjo el 25 de abril de 1998 en la provincia de Sevilla, al romperse la presa de contención de la balsa de decantación de una mina de pirita. Aunque en aquella ocasión no hubo que lamentar pérdidas humanas, se produjeron gravísimos impactos ambientales y cuantiosas pérdidas económicas.

Los 5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos tóxicos vertidos a los ríos Agrio y Guadiamar, causaron la muerte de multitud de especies acuáticas que poblaban los ríos Agrio y Guadiamar (entre los días 25 de abril y el 27 de mayo, se recogieron de los ríos y sus maltrechas riveras cerca de 38 toneladas de peces muertos). La inundación de las riveras, mató también algunos vertebrados terrestres de diferentes especies (1 cigüeña, 11 ánades reales, 8 fúlicas y 8 conejos) y arrasó 4.630 hectáreas de suelo agrícola y ganadero de 9 términos municipales sevillanos. Otras 2.300 hectáreas se vieron indirectamente afectadas por causas directamente relacionadas al accidente, como contaminación de las aguas de riego.

En aquellos años estaba trabajando en un centro de investigación británico preocupado, entre otras cuestiones, por conocer el sector minero y las relaciones con su entorno. En la primera mitad de 1999 analizamos los efectos económicos asociados al desastre ecológico producido por el vertido de la mina de Aznalcóllar. La conclusión fue clara: los impactos físicos del vertido ocasionaron cuantiosas pérdidas económicas en la región. Se perdieron las cosechas de los terrenos afectados por el vertido y se dejaron de percibir rentas porque los ganaderos se vieron obligados a reducir el número de cabezas de ganado criadas en la zona. La muerte de fauna redujo los beneficios derivados de la venta de pescado y vertebrados terrestres aptos para consumo humano.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y Crawford THG estimaron el valor anual de las de las pérdidas agrícolas presentes, teniendo en cuenta el precio que habrían alcanzado los diferentes productos en el mercado (limones, algodón aceitunas, arroz y cereales entre otros) en el año del accidente y multiplicándolo por la producción/ cosechas perdidas. Su cálculo arrojó un resultado de 1.446 millones de pesetas (8,7 millones de euros) de pérdidas presentes. Pero en su cálculo no tuvieron en cuenta las pérdidas de renta futuras (pero reales), asociadas al hecho de que los agricultores de la zona nunca más podrían utilizar esos terrenos con fines productivos. Asumiendo un período de descuento de 20 años (aunque el período será mayor) y considerando una tasa de descuento del 10%, el valor presente de las pérdidas futuras (rentas dejadas de percibir) ascendía a 13.700 millones de pesetas (82,7 millones de euros). Para una tasa de descuento del 3%, las pérdidas eran de 23.000 millones de pesetas (138 millones de euros). La empresa propietaria de la mina indemnizó a los agricultores por el valor anual de las pérdidas presentes (es decir, 8,7 millones de euros), pero no por el valor esperado de las pérdidas futuras ni por el valor de otras cuestiones más difícilmente cuantificables como, por ejemplo, el valor sentimental.

También se estimaron los daños económicos asociados a la inundación de 457 hectáreas de pradera y la consiguiente pérdida de pastos para el ganado de la zona. Para estimar los daños  ganaderos, se consideró que la desaparición de pastos redujo la disponibilidad de alimento para el ganado de la zona y obligó a los ganaderos a reducir el número de cabezas criadas. Las pérdidas anuales para el año del accidente ascendían a 3,5 millones de pesetas (21.000 euros). Asumiendo un período de descuento de 20 años y una tasa de descuento del 10%, el valor presente de las rentas dejadas de percibir por los ganaderos ascendía a 33,3 millones de pesetas (200.400 euros). Para una tasa de descuento del 3%, las pérdidas eran de 55,6 millones de pesetas (334.400 euros).

Finalmente, se estimaron las consecuencias económicas asociadas al impacto del vertido sobre la fauna de la zona afectada. Las especies terrestres y acuáticas encontradas muertas en los días siguientes al vertido también habrían tenido un valor en el mercado. En este sentido, el vertido también ocasionó daños económicos para la zona aunque de menor magnitud que los asociados al impacto agrícola. Asumiendo que el precio de mercado de las especies es un buen indicador de su coste de oportunidad, las pérdidas asociadas a la muerte de especies se calcularon multiplicando el número/ cantidad de "víctimas" recogidas hasta el día 27 de Mayo por su precio de mercado. Para las especies acuáticas comerciales (2,2 toneladas de albures; 1,5 toneladas de anguilas; y 2,2 toneladas de cangrejos), las pérdidas presentes ascendían a 2,2 millones de pesetas (13.500 euros). Para las especies terrestres con valor de mercado (el Decreto 4/1986 y la Orden de 25 de Junio de 1991 establecen el valor de mercado de cigüeñas, ánades reales, fúlicas y conejos), las pérdidas presentes ascendía a 677.000 pesetas (4.000 euros).

La magnitud de las consecuencias del terrible accidente de Hungría será, seguramente, muy distinta a la del vertido de la mina de Aznalcóllar. En Andalucía, las autoridades actuaron con celeridad y coordinación para evitar que el daño sobre las personas y los ecosistemas fuesen mucho mayores. Decidieron retener el agua en el Pre-parque de Doñana e impedir así que los lodos llegaran al Parque Nacional, lo que probablemente habría tenido consecuencias dramáticas para ese riquísimo ecosistema. Adoptaron una serie de resoluciones para salvaguardar la salud de las personas: el 28 de abril se prohibió la pesca en varias zonas, el 5 de mayo se ordenó el comienzo de los procedimientos para la puesta en marcha del Plan para la Conservación y Protección del Suelo Agrícola en las zonas afectadas y la adopción de medidas provisionales relacionadas con las actividades agrícolas, el 13 de mayo se estableció un sistema de recogida para la destrucción de cosechas en la zona inundada. La magnitud del impacto ambiental y económico de lo sucedido en Hungría va a depender mucho de toxicidad de las sustancias vertidas, pero también de las medidas de urgencia que las autoridades de aquel país sean capaces de adoptar. Lo sucedido en Andalucía el 25 de abril de 1998 y las decisiones tomadas en los días sucesivos, deberían servir para gestionar mejor la catástrofe medioambiental de Hungría.