En el entorno de la nueva Ley de Economía Sostenible se han contemplado medidas contra la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor, que podrían estar afectando a otros derechos que se contemplan en la constitución.

La verdad es que es un debate muy dificil. Como músico, entiendo que los creativos culturales se están viendo perjudicados por la descarga de música y redes P2P. También entiendo, que como músico, lo que más querría sería poder difundir por todo el mundo mis obras de forma exponencial, y obtener ingresos para poder salir a dar conciertos. Ya hay grupos como RadioHead que lo han hecho. Casi nada. Ojo, con este post, que no estoy criticando ni a la industria musical que entiendo su preocupación ni a los defensores de la libertad en la red entre los que me encuentro. Lo que pasa es que las medidas deberían ir encaminadas a modernizar la industria cultural, y no a culpar a los usuarios.

Por ejemplo, spotify www.spotify.com es un programa que te permite escuchar una amplísima colección de música de forma gratuita, a cambio de escuchar una publicidad. Un ejemplo es posible dar valor a los usuarios, y a los proveedores de música que reciben una compensación a cambio. Casualmente esta empresa no ha nacido en España sino en Suecia que por otro lado ocupa el primer puesto en el Ranking de I+d e innovación.

La ley de economía sostenible debería apoyar la búsqueda de soluciones satisfactorias e innovadoras para todos en este campo, y no contemplar la posibilidad de cortar conexiones y difundir la amenaza.

Qué pensáis?

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El manifiesto dice así:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.